“ESTE NO ES UN GOBIERNO APRISTA ES, FUJIALANISTA”
“Alan García no ha venido a corregir sus errores de los 80 sino a completar la
obra de Fujimori”
Hoy, después de seis meses de gobierno aprista, el Partido Nacionalista, alerta al pueblo peruano
que estamos frente a un gobierno que ha asumido la tarea de completar la obra del
fujimontesinismo en el Perú.
Acabó el tiempo de las promesas, la máscara del candidato del “cambio responsable” ha sido
dejada a un lado, Alan García ya no pide perdón por el desastre del 85’ al 90’, seis meses
resultan suficientes para sacar una conclusión: una nueva modalidad del continuismo económico,
político y moral se ha instalado en el país: el fujialanismo. Este no es el gobierno del partido que
ganó las elecciones, sino el de la alianza de Alan García con su viejo socio, que hoy reside en
Chile a la espera de una decisión de extradición que el gobierno viene saboteando desde el
primer día.
La mentira, como método político
Alan García mintió en casi todas las promesas que hizo al país para ganar las elecciones:
Se negó a cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras, que hubieran permitido al país
y a las regiones participar del auge de los precios internacionales de los minerales, y ha querido
sorprender con el cuento del “aporte minero”, que recoge las migajas del gran banquete de las
trasnacionales.
En seis meses, la política del gobierno frente a la minería ha sido la de ofrecer espacio libre para
la inversión, sin que los contratos vigentes, que consideraban ganancias desmedidas para el
inversionista en perjuicio del Estado, sean modificados. La velocidad del crecimiento de los
precios de los minerales ha empezado a reducirse y puede esperarse que esa tendencia se
mantenga este año, con lo cual, el Perú habrá desaprovechado una oportunidad excepcional. El
“aporte voluntario” es una maniobra política para salvar la promesa incumplida del impuesto a la
sobreganancia. Este llamado “óbolo” no responde, por lo demás, a un fondo del presupuesto
nacional, no es controlado por el Estado, ni responde a un plan de desarrollo programado. Nadie,
hasta la fecha, ha visto ese famoso aporte o remotamente sentido una mejora de las condiciones
de vida; la realidad de los departamentos mineros, no se ha modificado en absoluto.
Más que anunciar medidas y no cumplirlas, lo que debería hacer el gobierno es obligar, a las
empresas mineras a cumplir los acuerdos, cosa que no está ocurriendo por ejemplo en Arequipa,
donde la minera Cerro Verde se empeña en desconocer sus compromisos con el pueblo
arequipeño contraído a través de sus municipalidades.
Alan García ha frenado iniciativas trascendentales como la ley de eliminación de la renta
básica, estableciendo un acuerdo con la Telefónica para adelantar los ajustes futuros y
presentarlos como una rebaja. No ha sido capaz de impulsar la ley de desafiliación de las AFPs,
manteniendo a los jubilados prisioneros de estas empresas; ha paralizado las propuestas del
Congreso para restituir los derechos laborales y está asumiendo la posición de algunos
empresarios en la crítica al proyecto de la Ley General del Trabajo.
En materia económica, se ha negado, a revisar el TLC y más bien se ha constituido en el
principal defensor de esta propuesta que le ha demandado no sólo tiempo sino también hacer el
ridículo en la gestión, para finalmente, terminar entregando la tarea de lograr airadamente el
acuerdo al lobby de Alfredo Ferrero, vinculado a los principales grupos exportadores. Esta
posición errónea en nuestro concepto, le impide explorar una potencial participación del Perú en
los acuerdos del ALBA (Alternativa Bolivariana para América).
Igualmente, el shock de inversiones que prometió, se ha convertido en un show de inversiones,
donde sólo una pequeña parte del presupuesto ha podido ejecutarse, debido a la ineficacia del
gobierno central.
Este gobierno no ha cumplido el mandato del pueblo en las dos vueltas electorales de 2006, que
demandaba el cambio urgente de la política económica neoliberal hacia una de mayor sentido
nacional y popular. Carece de la voluntad política para cambiar un modelo primario-exportador
que es polarizador per se al concentrar la riqueza en pocas manos y condenar a la fractura social
y geográfica al país. No se tiene la más remota idea de cómo iniciar un plan de desarrollo
industrial apoyándose en nuestro capital nacional constituido por los pequeños y
microempresarios. Por eso, la clave es modificar dicho modelo económico, que es la causa más
profunda de la pobreza existente en el país y el obstáculo más fuerte al desarrollo del mismo.
Ha mantenido el viejo y tradicional concepto de “programa social”, como sinónimo de
limosna para los pobres, sea ésta disimulada como “cachuelitos” por algunos meses, o
directamente en productos. El gobierno no comprende que el verdadero concepto de Programa
Social significa la actividad promotora del Estado en ciertos sectores económicos, para incluir a
un sector importante del pueblo que se encuentra marginado, discriminado y excluido
fundamentalmente por la política económica, en nuestra sociedad.
Todo esto a través de la responsabilidad que tiene todo Estado en generar empleos dignos,
educación y salud de calidad, y accesible a los más pobres, proporcionar a estas familias; los
servicios básicos para crear ciudadanía como son; servicio de agua y desagüe, luz, viviendas
formales, postas medicas, escuelas y seguridad. Para esto, el actual gobierno debe defender los
intereses nacionales reflejados en una nueva relación entre el Estado y el capital trasnacional,
cobrando los impuestos necesarios y no pasando el sombrero con programas no gubernamentales
como “sembrando” que, en la práctica ha sustituido a una política seria de lucha contra la
pobreza.
Pero por otro lado, el gobierno en el campo del apoyo social tiene problemas ajenos a su gestión
como son fundamentalmente los desastres naturales producidos en la región del Huallaga; sin
embargo, también debemos señalar que no ha cumplido con la meta de conectar a medio millón
de familias peruanas con las redes de agua en sus primeros seis meses, y esperamos que este
programa adquiera una mayor atención de las autoridades.
En política educativa, no hay un norte claro. El Ejecutivo, no comprende que no hay
educación de calidad porque ni el Estado ni los grandes capitales foráneos requieren de mano de
obra educada. Lo que este modelo económico exige es el “cholo barato”, que este dispuesto a
regalar su fuerza laboral y su dignidad por poca plata.
Su política educativa, hasta ahora, sólo pasa por haber exigido una supuesta evaluación a los
maestros “por las buenas o por las malas”. Indudablemente, lo que está ausente es un criterio que
parte de identificar el tipo de sociedad para la cual preparamos a nuestros hijos, para, a partir de
allí, definir hacia dónde debe ir la educación. Dentro de una radical reforma educativa, la
evaluación del desempeño docente no puede reducirse a una simple prueba escrita.
La evaluación ha servido sólo como mecanismo de discriminación para golpear a los sectores
resistentes y demostrar que, al igual que Fujimori, García no respeta las organizaciones de los
trabajadores. Es casi seguro, además, que el gobierno haya impulsado esta evaluación a los
maestros, enfrentándose al principal sindicato de profesores del país, buscando justificar el
próximo endeudamiento externo para alimentar la corrupción gubernamental, pero no, para
solucionar el problema de la baja calidad en la educación.
García no cumple porque nunca quiso hacer lo que ofreció. Sabía antes, como sabe ahora, que
poner impuestos genera controversias, que la Telefónica resiste los ajustes a su contrato, que las
AFPs tienen tremenda influencia, que retornar a la Constitución de 1979 implica renunciar al
capítulo económico que protege a las transnacionales, y así sucesivamente. A seis meses,
sabemos que mintió cínicamente para robar el voto ciudadano. Esa es una enorme
responsabilidad que va más allá de lo meramente político, e ingresa lo moral y la legitimidad
política para mantenerse en el cargo.
Lejos de afrontar los grandes temas pendientes, por la incapacidad de aquel que tiene las manos
atadas por compromisos políticos y económicos anteriores, Alan García construye problemas
virtuales en el país para ocultar los reales. Mientras en gran parte de Latinoamérica se debate
cómo satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, cómo mejorar la educación, la salud o
combatir la corrupción, en el Perú se discute si se implanta o no la pena de muerte.
Sin embargo, García dice que el debate con el que ha dividido al país, pulverizado a sus
ministros, dispersado su bancada, enfrentado las instituciones y quebrado la unanimidad de la
prensa que le daba su apoyo, es una promesa que sí está dispuesto a cumplir, apelando a la
supuesta legitimidad de las encuestas y de las marchas callejeras que le organizan sus amigos
fujimoristas.
La pena de muerte convertida en problema principal sobre el que debemos definirnos los
peruanos es un invento típico de García, como lo fue la fallida estatización de la banca en 1987.
Él sabe, que no va a eliminar las violaciones de menores porque mate alguno de esos infelices o
porque elimine a un presunto subversivo. Hay suficiente experiencia para saber que también en
este punto miente y crea un conflicto artificial que esconde sus propósitos.
¿Qué busca García? Todo indica que son varios objetivos: (1) apartarnos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para reducir los mecanismos de protección de los derechos
de los ciudadanos; (2) provocar un desacato a los fallos internacionales, so pretexto de soberanía,
que puede ser extensible a la OIT y otros ámbitos; (3) impulsar un proyecto autoritario que tiende
a prescindir del Congreso y otras instituciones, que no se someten a los caprichos presidenciales.
La última muestra ha sido la liquidación del Consejo Nacional de Descentralización (CND),
trasgrediendo principios jurídicos básicos y pretendiendo gobernar el país a través de Decretos
Supremos.
El gobierno de Alan García está usando la demagogia para intentar acallar a la Corte
Interamericana y su voluntad real es denunciar el Pacto de San José, para con ello, deslegitimar
las decisiones de la Corte. Algo que no se atrevió hacer directamente ni Fujimori y Montesinos
juntos. El “fujialanismo” va a ser más duro y peligroso.
Estas dotes de abuso de poder de García comulgan estrechamente con la represión y persecución
a autoridades, ex presidentes y opositores políticos. Hace unas semanas también se intentó
utilizar argucias legales para despojar de inscripción al Partido Nacionalista. La reciente ley de
control de las ONGs, que las convierte en OSGs (Organizaciones semi gubernamentales), es una
clara muestra de esto. Todos estos métodos, que plantean un dominio y control de las
instituciones del país, configuran una regresión política lamentable.
El gobierno confunde al adversario político con el enemigo, cuando el enemigo del Perú es el
analfabetismo, la desnutrición infantil, la violencia, la corrupción, el desempleo, la injusticia
económico-social, la indiferencia del Estado con nuestros jubilados, con nuestros reservistas, con
nuestras Fuerzas armadas y policiales.
Una alianza para repartirse el país
El fujimontesinismo fue el régimen más corrupto de la historia del Perú, que además avasalló
implacablemente los derechos humanos de muchísimas personas. Estableció una Constitución
hecha a la medida del poder presidencial, que el dictador creyó poder prolongar indefinidamente,
y de los intereses del capital transnacional que fueron sus mejores aliados. García es ahora el
puntal de esta Constitución, que se opone a la propuesta de convocar una Asamblea
Constituyente, como lo están haciendo otros países del continente, y tampoco se atreve a dar un
solo paso en relación a su promesa de restablecer la vigencia de la carta de 1979.
La propuesta regeneradora del Partido Nacionalista de proponer una Asamblea Constituyente que
liquide la constitución fujimontesinista y establezca un verdadero orden democrático en el país,
con la participación soberana del pueblo, ha sido airosamente rechazada por el Gobierno, que
teme a la decisión popular, como le teme cualquier régimen autoritario. La constitución
fujimontesinista es, en estos momentos, una Constitución Fujialanista.
García es el Fujimori sustituto, que ya está soñando con hacerse reelegible, mientras está
trabajando una alternancia con su alter ego. Las votaciones en el Congreso que han sido
sistemáticamente coincidentes daban un indicio que se estaba más allá de un asunto
circunstancial de puntos de vista comunes. Lo fundamental es, sin embargo, que el acuerdo
Fujimori-García no se da sobre los temas clásicos del APRA ni sobre lo que se ofreció en
campaña. En términos programáticos, García se ha pasado a Fujimori. Ese es el discurso del
autoritarismo, de ver terroristas por todas partes, de enarbolar la muerte como si se tratara de
cualquier cosa, de empujar la judicialización del presidente del Partido Nacionalista, de los
congresistas nacionalistas, del ex presidente Toledo y de algunos de sus ministros, las agresiones
contra el SUTEP, entre otros. Un clima que evoca al Perú de 1992 y que García atiza
irresponsablemente porque cree que saldrá ganando con la confrontación.
Alan García ha traicionado a las bases apristas y al pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre.
Sus políticas no tienen nada que ver con los fundamentos del nacimiento de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana, cuyos pilares eran los principios nacionalistas, antiimperialistas y
latinoamericanistas de raigambre popular.
La política exterior de Alan García aísla al Perú
En cuanto a la política exterior, García es un gran misterio. Viaja a Estados Unidos a abrazarse
con Bush y anuncia una cruzada contra el “fundamentalismo andino”, como si tuviera su propio
Irak en Bolivia; y luego busca una reconciliación forzada con el presidente Chávez de
Venezuela. Apresura un acercamiento, con visos de entreguismo a Chile, con el que ha firmado
un TLC negociado en secreto que favorece las inversiones de ese país en el Perú. Un equivocado
y pusilánime manejo de las relaciones bilaterales con Chile que nuevamente nos coloca en el
ridículo, al nosotros buscar besos y abrazos con los ministros chilenos en Santiago, nombrar un
Embajador Político que es mitad chileno y mitad peruano en Chile, permitir condecoraciones
chilenas a nuestros altos mandos militares, mientras que ellos siguen comprando armas modernas
para su Fuerza Armada y ahora pretenden anexarse aprox. 20,000 mts2 de tierra que pertenece a
la heroica Tacna.
Habla de alianza estratégica con Lula y trata de seducir a empresarios brasileños con una
supuesta oferta de gas que permita dejar de lado a nuestros hermanos bolivianos, y se expone a
que el presidente de ese país lo declare “estrafalario”. Pretende que su gran amigo es el gobierno
colombiano, pero acepta presiones para convertir la negociación del TLC, como una jugada para
ganarle al país norteño. Perú se está aislando de las grandes tendencias latinoamericanas que,
desde Nicaragua hasta Argentina, toman decisiones en el continente. Lejos de discutir, por
ejemplo, si al Perú le interesa entrar en el Mercosur, o reforzar la Comunidad Suramericana de
Naciones fortaleciendo a la Comunidad Andina, Alan García se niega a hacerse presente en Río
de Janeiro.
El Sr. García, se convierte en un tipo errático, sin principios que está comprometiendo los
intereses y la imagen del Perú en el escenario latinoamericano y mundial. Es una triste realidad
que refleja su manejo interno sobre el plano de las relaciones con el exterior. El Perú, por tanto,
debe probarle a García que no puede hacer lo que le da la gana. Que la mayoría del país no está
de acuerdo con que lo gobierne la alianza de la corrupción y el abuso del poder. Que en todas
partes se exige cambio del modelo económico. Son voces claras que el gobierno debe escuchar si
no quiere agravar la crisis política y poner en riesgo la democracia peruana.
Muchas gracias.
OLLANTA HUMALA TASSO
